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Noticias: Política y parapolítica en Colombia

Martes, 17 de Abril de 2007

 
Política y parapolítica en Colombia

Desde que en 2006 las autoridades judiciales colombianas han relacionado a varios congresistas cercanos al Gobierno de Álvaro Uribe con grupos paramilitares se ha desatado en el país el "escándalo de la parapolítica".


Por Tribuna: Esteban Beltrán Verdes


¿Cuál es la profesión más peligrosa de Colombia? Le voy a dar una pista: laspersonas que la ejercen viven desarmadas, normalmente desprotegidas, perotienen muchos enemigos: el Ejército, sus aliados paramilitares, la guerrilla.Todos pretenden lo mismo: silenciarlas. Reciben descalificaciones y amenazas, aveces públicas; sufren acoso, son carne de cañón.

El 31 de enero Yolanda Izquierdo, defensora de derechos humanos, la profesiónmás peligrosa de Colombia, fue tiroteada por unos hombres en la ciudad deMontería. Yolanda había recibido varias amenazas de muerte, y días antes de serasesinada había solicitado protección a las autoridades locales. ¿Su delito?Representar a los supervivientes de abusos de derechos humanos a manos deparamilitares en la audiencia de desmovilización del dirigente "para"Salvatore Mancuso.

Desde que en 2006 las autoridades judiciales colombianas hayan relacionado avarios congresistas cercanos al Gobierno de Álvaro Uribe con gruposparamilitares se ha desatado en el país el "escándalo de laparapolítica". Las dimisiones de la ministra de Exteriores, María ConsueloAraújo Castro, al encontrar la Fiscalía indicios de la vinculación de suhermano y su padre con los paramilitares, y el arresto de Jorge Noguera, exdirector del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), servicio deseguridad colombiano, por el mismo motivo, han devuelto algo de esperanza aquienes llevamos años esperando que el Estado colombiano reaccione ante lalacra del paramilitarismo.

Esta colaboración entre varios sectores del Estado y los escuadrones de lamuerte, los paramilitares, ha sido la crónica de una verdad anunciada. Heviajado a Colombia más de una decena de veces en los últimos años y, mientraslas autoridades colombianas nos decían que combatían por igual a paramilitaresy guerrilleros, lo que veíamos con nuestros ojos lo desmentía.

Las autoridades judiciales colombianas conocen desde hace tiempo los estrechosvínculos que relacionan a funcionarios públicos con los paramilitares, pero hanadoptado pocas medidas concretas para investigar estas alegaciones. Al parecer,se han visto obligadas a actuar tras el descubrimiento de un ordenador quepresuntamente pertenecía a Rodrigo Tovar, alias Jorge 40, líder delgrupo paramilitar Bloque Norte, que supuestamente contenía los nombres devarios funcionarios públicos vinculados a grupos paramilitares, entre ellospolíticos, jueces y personal de las fuerzas de seguridad.

En las últimas décadas, los grupos paramilitares han sido responsables dealgunas de las peores atrocidades cometidas contra los derechos humanos en ellargo conflicto colombiano. Según datos de Amnistía Internacional, se lesatribuye más de 3.000 homicidios y desapariciones forzadas desde que anunciaronun "cese de hostilidades" en 2002. Junto a ellos, los guerrilleroscierran el círculo de muerte sobre la población civil.

La infiltración del paramilitarismo en la política no es anecdótica. Tantoes así que la Procuraduría General de la Nación ha anunciado la creación de unaunidad especial para investigar los supuestos vínculos entre empleados públicosy paramilitares. Alfredo Gómez, presidente de la Sala Penal de la CorteSuprema, ha asegurado que investigarán a fondo la relación entre políticos yparamilitares. Los esfuerzos de las autoridades judiciales son bienvenidos ynecesarios, porque la situación de impunidad es tal que varios líderesparamilitares han llegado a declarar que controlan alrededor de una terceraparte del Congreso nacional.

En este contexto, causan estupor las declaraciones del presidente Uribedurante la visita de George Bush de mediados de marzo. Según él, los nexosentre paramilitarismo y política se están destapando ahora gracias a suGobierno; afirmando que "miembros del Gobierno que llegaren a aparecer convínculos con el paramilitarismo serán inmediatamente desvinculados" .Buena noticia, pero para resultar convincente no debería haber desarrolladoiniciativas legislativas que permiten el reciclaje de los paramilitares ygarantizan su impunidad; como por ejemplo la ley "de Justicia y Paz",que permite que los miembros de estos escuadrones de la muerte sereciclen como guardias de seguridad o informantes del ejército.

Nada arroja mayores dudas sobre la voluntad del presidente Uribe de ponerfreno al paramilitarismo que su respuesta a la matanza de ocho personas, entreellos tres niños, en San José de Apartadó, el 21 de febrero de 2005. Tras dosaños de impunidad, la Fiscalía General de Colombia ha procesado por homicidio a69 militares del Ejército. Desde el primer momento, la comunidad atribuyó lamatanza al Ejército, pero el presidente Uribe y las autoridades militaresacusaron a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Uribeincluso acusó a los líderes de San José de tener nexos con este grupo armado.

El Gobierno norteamericano y los diferentes gobiernos europeos que, condiferencias, han apoyado esta supuesta "política de seguridad" delpresidente Uribe no pueden seguir con la política de "business asusual". Hoy están siendo investigados más de 100 casos de presuntaconnivencia entre paramilitares y políticos, miembros de las administracionespública y judicial y de las fuerzas de seguridad. Y, además estos escuadronesde la muerte, como en el caso de Yolanda Izquierdo, no se desmovilizan,sólo cambian de nombre, pero continúan con la misma profesión: matador de defensoresde derechos humanos.

En estas condiciones, es difícil que el proceso llegue a buen puerto. Lacomunidad internacional, incluida España, no puede seguir apoyando, nieconómica ni políticamente, un proceso injusto e ineficaz. A pesar de lagravedad de la situación, el "escándalo de la parapolítica" es unabuena oportunidad, quizá la última, para que el presidente Uribe cambie suestrategia sobre el paramilitarismo, lo persiga, y respete el trabajo de lasociedad civil. Sin amenazas a los defensores, ayudando a todas las víctimas aobtener verdad, justicia y reparación. Quizá podría empezar por los asesinos deYolanda Izquierdo.


Esteban Beltrán Verdes es director de Amnistía Internacional España.

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