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Noticias: Reforma a las transferencias: una propuesta para aumentar la deuda social del país

Jueves, 5 de Abril de 2007

 

Entre 2008 y 2016, las administraciones municipales dejarán de recibir 54,7 billones de pesos para educación y 14,9 para salud. Es claro que las modificaciones a las transferencias que está proponiendo el gobierno afectan derechos fundamentales


Por Martha Yaneth Sandoval


“Al actual ritmo que crecen los añospromedio de educación en Colombia gastaríamos 20 años en alcanzar comopaís, los mínimos constitucionales de 9 grados para todos. El diez porciento más pobre de la población sólo llegó a los cinco grados en 1996cuando la meta se había puesto en la Constitución de 1986. Por eso elpaís requiere un esfuerzo especial”1
El proceso de descentralización en Colombia sejustificó entre otras cosas porque el país se reconoció capaz de pensarsu futuro en términos de lo local, porque es más eficiente la políticapública si se distribuyen responsabilidades y recursos públicos entrelo nacional, lo departamental y lo municipal y finalmente porque no haynada más peligroso para la democracia que la concentración del poder.Hoy día pese a los avances que ha significado el proceso dedescentralización aún, como todo proceso estructural, nos queda unlargo camino por recorrer; en efecto, diversos estudios evidencian lagran deuda social que el país tiene en particular en salud y educación,al país aún le faltan 1,7 millones de niños que están fuera del sistemaeducativo (oferta pública y privada), ubicados en su mayoría en zonarural y alrededor de 6 millones de colombianos están fuera del SistemaGeneral de Seguridad Social en Salud?2, frente a esta deuda es grandeel reto que tienen las regiones, y su instrumento la ejecución de losprogramas sociales.

La pregunta es, ¿Cómo afrontarán estosretos las administraciones municipales si entre el 2008 y el 2016dejaran de recibir 54, 7 billones de pesos, para educación 35,7billones y para salud 14.9 billones de pesos? Conviene recordar que elacto legislativo de 2001, le significó a los municipios menorestransferencias para los sectores salud y educación con las consecuentesperdidas sociales; por ejemplo, según un estudio de la Contraloría, elmenor gasto que se generó por la reforma en el régimen de lasTransferencias hubiese alcanzado para que la cobertura del sectoroficial pasara de 73.4% en 2003 a 90,6% en 20053, así mismo, según estemismo estudio: “El menor gasto en salud fue de $2,5 billones de pesosde 2005, con los cuales se hubiera podido incrementar la cobertura enmás de 5 millones de afiliados plenos al régimen subsidiado. En elprimer año se hubieran podido afiliar 1,4 millones de personasadicionales, a las que se les garantizaría su financiamiento hasta 2005con los mismos recursos. De igual manera, el número de nuevos afiliadoshubiera podido ascender en 2003 a 629.000; y en 2005 a 1,7 millones”4.

En este sentido, las modificaciones a las transferencias que estáproponiendo el gobierno colombiano, no sólo afectan los artículos 356 y357 de la Constitución Política de Colombia, sino también a laestructura de derechos, en particular el derecho a la educación y a lasalud; así como a los postulados que profundizan el proceso dedescentralización en Colombia.

En efecto, tal como sepresenta el panorama, de aprobarse el acto legislativo que cursaactualmente en el Congreso es imposible cumplir las metas en educacióny salud con un crecimiento de tan sólo un punto adicional los dosprimeros años (Inflación + 3,5) y una reducción de 1,5 puntos del 2011en adelante, (Inflación + y 2). El crecimiento óptimo debe estar porsobre los 7 puntos sobre la inflación, permanentemente5. Así, si paraque los derechos establecidos por Constitución se cumplan se requierede el derecho formal, es decir el mandato establecido en la carta magnapero también del derecho efectivo, que depende de la financiación quese le otorgue, si se reducen los recursos a los municipios entonces selimita el derecho formal que se establece por Constitución. ¿Qué pasarácon los derechos de los habitantes de los 789 municipios que no ofrecena la población los bienes públicos básicos que garantiza laConstitución de 1991? ¿Que pasará con los derechos de los habitantes dela Región Pacífica, que según las Naciones Unidas cuenta con las peorescondiciones del país, siendo el ámbito más afectado la educación?

De igual forma, con el acto legislativo que cursa actualmente en elCongreso, se resta autonomía territorial, y genera un desequilibrio depoderes entre lo nacional y lo local, generando consecuencias gravessobre la descentralización dado que la propuesta actual no sólomodifica los artículos 356 y 357, sino que por esta vía cambian lospostulados de la Constitución de 1991 sobre el proceso dedescentralización; en efecto, lo que se está haciendo con el SistemaGeneral de Participaciones es concentrar recursos y capacidad dedecisión en el gobierno central, y restar poder y capacidad deinversión a departamentos y municipios, posibilitando que estasinversiones se puedan realizar desde el gobierno central, tal como yase ha evidenciado en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2010.

Todo lo anterior no es otra cosa que retornar a viejos esquemas en queel gobierno central es ejecutor de políticas cuando debería serdefinidor de éstas, posibilitando el fortalecimiento de viejasprácticas políticas clientelistas, así como a la dependencia de losmunicipios al poder centralista y presidencialista.

Losprincipios constitucionales se constituyen en la máxima, por no deciren la única, garantía que tenemos todos y todas del cumplimiento denuestros derechos y del logro de la convivencia democrática sobre basesde justicia y equidad. Estas garantías están por encima del poder delGobierno e incluso del poder legislativo, es decir, la Constitución nosgarantiza no sólo nuestros derechos sino la permanencia de estos en eltiempo, por encima de aspiraciones transitorias de gobiernos opartidos. La coyuntura actual de país deja sentir una granincertidumbre e inseguridad frente a lo que podemos esperar loscolombianos con respecto a las garantías efectivas de nuestrosderechos. Ya que la Constitución está siendo manejada como si setratase de una de esas muchas leyes ordinarias que cada año sonaprobadas en el parlamento, bajo la discrecionalidad del gobierno.

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Notas:

1 Departamento Nacional de Planeación – Programa Nacional de DesarrolloHumano – Naciones Unidas para el Desarrollo – GTZ- CooperaciónRepública Federal Alemana- Colombia: RESUMEN “LOS MUNICIPIOSCOLOMBIANOS HACIA LOS OBJETIVOS DESARROLLO DEL MILENIO” Pág. 8

2 Federación Colombiana de Municipios con base en datos del Ministerio de Educación

3 Informe Social 2006. Contraloría General de la Nación

4 Informe Social 2006. Contraloría General de la Nación

5 Federación Colombiana de Municipios


por Martha Yaneth Sandoval Tuesday, Apr. 03, 2007 at 6:40 PM

“Al actual ritmo que crecen los añospromedio de educación en Colombia gastaríamos 20 años en alcanzar comopaís, los mínimos constitucionales de 9 grados para todos. El diez porciento más pobre de la población sólo llegó a los cinco grados en 1996cuando la meta se había puesto en la Constitución de 1986. Por eso elpaís requiere un esfuerzo especial”1
El proceso de descentralización en Colombia sejustificó entre otras cosas porque el país se reconoció capaz de pensarsu futuro en términos de lo local, porque es más eficiente la políticapública si se distribuyen responsabilidades y recursos públicos entrelo nacional, lo departamental y lo municipal y finalmente porque no haynada más peligroso para la democracia que la concentración del poder.Hoy día pese a los avances que ha significado el proceso dedescentralización aún, como todo proceso estructural, nos queda unlargo camino por recorrer; en efecto, diversos estudios evidencian lagran deuda social que el país tiene en particular en salud y educación,al país aún le faltan 1,7 millones de niños que están fuera del sistemaeducativo (oferta pública y privada), ubicados en su mayoría en zonarural y alrededor de 6 millones de colombianos están fuera del SistemaGeneral de Seguridad Social en Salud?2, frente a esta deuda es grandeel reto que tienen las regiones, y su instrumento la ejecución de losprogramas sociales.

La pregunta es, ¿Cómo afrontarán estosretos las administraciones municipales si entre el 2008 y el 2016dejaran de recibir 54, 7 billones de pesos, para educación 35,7billones y para salud 14.9 billones de pesos? Conviene recordar que elacto legislativo de 2001, le significó a los municipios menorestransferencias para los sectores salud y educación con las consecuentesperdidas sociales; por ejemplo, según un estudio de la Contraloría, elmenor gasto que se generó por la reforma en el régimen de lasTransferencias hubiese alcanzado para que la cobertura del sectoroficial pasara de 73.4% en 2003 a 90,6% en 20053, así mismo, según estemismo estudio: “El menor gasto en salud fue de $2,5 billones de pesosde 2005, con los cuales se hubiera podido incrementar la cobertura enmás de 5 millones de afiliados plenos al régimen subsidiado. En elprimer año se hubieran podido afiliar 1,4 millones de personasadicionales, a las que se les garantizaría su financiamiento hasta 2005con los mismos recursos. De igual manera, el número de nuevos afiliadoshubiera podido ascender en 2003 a 629.000; y en 2005 a 1,7 millones”4.

En este sentido, las modificaciones a las transferencias que estáproponiendo el gobierno colombiano, no sólo afectan los artículos 356 y357 de la Constitución Política de Colombia, sino también a laestructura de derechos, en particular el derecho a la educación y a lasalud; así como a los postulados que profundizan el proceso dedescentralización en Colombia.

En efecto, tal como sepresenta el panorama, de aprobarse el acto legislativo que cursaactualmente en el Congreso es imposible cumplir las metas en educacióny salud con un crecimiento de tan sólo un punto adicional los dosprimeros años (Inflación + 3,5) y una reducción de 1,5 puntos del 2011en adelante, (Inflación + y 2). El crecimiento óptimo debe estar porsobre los 7 puntos sobre la inflación, permanentemente5. Así, si paraque los derechos establecidos por Constitución se cumplan se requierede el derecho formal, es decir el mandato establecido en la carta magnapero también del derecho efectivo, que depende de la financiación quese le otorgue, si se reducen los recursos a los municipios entonces selimita el derecho formal que se establece por Constitución. ¿Qué pasarácon los derechos de los habitantes de los 789 municipios que no ofrecena la población los bienes públicos básicos que garantiza laConstitución de 1991? ¿Que pasará con los derechos de los habitantes dela Región Pacífica, que según las Naciones Unidas cuenta con las peorescondiciones del país, siendo el ámbito más afectado la educación?

De igual forma, con el acto legislativo que cursa actualmente en elCongreso, se resta autonomía territorial, y genera un desequilibrio depoderes entre lo nacional y lo local, generando consecuencias gravessobre la descentralización dado que la propuesta actual no sólomodifica los artículos 356 y 357, sino que por esta vía cambian lospostulados de la Constitución de 1991 sobre el proceso dedescentralización; en efecto, lo que se está haciendo con el SistemaGeneral de Participaciones es concentrar recursos y capacidad dedecisión en el gobierno central, y restar poder y capacidad deinversión a departamentos y municipios, posibilitando que estasinversiones se puedan realizar desde el gobierno central, tal como yase ha evidenciado en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2010.

Todo lo anterior no es otra cosa que retornar a viejos esquemas en queel gobierno central es ejecutor de políticas cuando debería serdefinidor de éstas, posibilitando el fortalecimiento de viejasprácticas políticas clientelistas, así como a la dependencia de losmunicipios al poder centralista y presidencialista.

Losprincipios constitucionales se constituyen en la máxima, por no deciren la única, garantía que tenemos todos y todas del cumplimiento denuestros derechos y del logro de la convivencia democrática sobre basesde justicia y equidad. Estas garantías están por encima del poder delGobierno e incluso del poder legislativo, es decir, la Constitución nosgarantiza no sólo nuestros derechos sino la permanencia de estos en eltiempo, por encima de aspiraciones transitorias de gobiernos opartidos. La coyuntura actual de país deja sentir una granincertidumbre e inseguridad frente a lo que podemos esperar loscolombianos con respecto a las garantías efectivas de nuestrosderechos. Ya que la Constitución está siendo manejada como si setratase de una de esas muchas leyes ordinarias que cada año sonaprobadas en el parlamento, bajo la discrecionalidad del gobierno.

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Notas:

1 Departamento Nacional de Planeación – Programa Nacional de DesarrolloHumano – Naciones Unidas para el Desarrollo – GTZ- CooperaciónRepública Federal Alemana- Colombia: RESUMEN “LOS MUNICIPIOSCOLOMBIANOS HACIA LOS OBJETIVOS DESARROLLO DEL MILENIO” Pág. 8

2 Federación Colombiana de Municipios con base en datos del Ministerio de Educación

3 Informe Social 2006. Contraloría General de la Nación

4 Informe Social 2006. Contraloría General de la Nación

5 Federación Colombiana de Municipios

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