Columnistas: Iván Cepeda

De manera general, los crímenes en masa que persiguen poner fin a la existencia de sectores políticos de oposición han ocurrido como parte del ascenso y consolidación de un régimen de carácter totalitario y bajo dictaduras militares. El caso de lo ocurrido en Colombia con el movimiento de oposición Unión Patriótica (UP) se sale de este esquema, pues se trata del intento de acabar a toda una colectividad política en condiciones de un modelo de democracia representativa.
En el plano internacional se conoce poco acerca de la criminalidad sistemática que se ha practicado, y se practica, en Colombia contra los movimientos de oposición política. Dicha persecución sistemática se ejerce, abierta o soterradamente, por parte de sectores del poder estatal a través de las Fuerzas Militares, los cuerpos de seguridad o en complicidad con grupos paramilitares. La invisibilidad de la autoría estatal en estos hechos de violencia se ha logrado gracias a eficaces estrategias de impunidad y a la imagen confusa que se presenta del conflicto colombiano en los medios de información. En estas condiciones, los ataques contra vastos sectores de la sociedad colombiana quedan mimetizados en una nebulosa en la que es difícil distinguir si son los grupos ilegales o el narcotráfico los autores de los actos de violencia. Esta situación paradójica –la de un sistema democrático en el que se ejercen sofisticadas técnicas de represión de los opositores- llama la atención sobre la capacidad que tiene el poder para disimular sus arbitrariedades en contextos en los que se ejerce formalmente la democracia.
En Colombia se ha gestado a lo largo del último medio siglo una estructura dual en el uso de la función coercitiva del Estado. Esta estructura combina mecanismos legales con dispositivos ilegales para habilitar un empleo arbitrario y excesivo de la fuerza. Así, dentro del ámbito legal, se adoptan legislaciones (bajo la forma de estados de excepción o de estatutos de seguridad) que habilitan la delegación de funciones de policía judicial en las Fuerzas Militares. La cara oculta de esta estructura la constituyen los dispositivos de guerra sucia: la conformación de grupos paramilitares, la actuación ilegal de miembros del Ejército Nacional mediante operaciones encubiertas de “brigadas de inteligencia”, las acciones de “guerra psicológica”, etc.
Bajo el gobierno del presidente Belisario Betancur-Cuartas, el 28 de marzo de 1984, fueron firmados los Acuerdos de la Uribe entre los representantes del Estado y la dirección de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). En este pacto se explicitó el compromiso del Gobierno para promover reformas políticas, sociales y económicas, así como la condena del grupo guerrillero al secuestro y al terrorismo, y su voluntad para contribuir a poner fin a esta clase de prácticas. Los Acuerdos de la Uribe consagraron, adicionalmente, que pasado un año del comienzo de la negociación de paz, se deberían generar condiciones propicias para que el grupo guerrillero pudiera “organizarse política, económica y socialmente”. Este punto particular de los acuerdos dio lugar al surgimiento del movimiento político Unión Patriótica, en mayo de 1985, un año después del comienzo de la negociación.
En la nueva colectividad política decidieron participar sectores que compartían como objetivo común la búsqueda de la reconciliación nacional por medio de transformaciones estructurales de la sociedad. En calidad de formación pluralista de oposición, la UP planteó propuestas innovadoras luego de décadas de hegemonía liberal y conservadora en el país. Su programa proponía una apertura hacia formas de democracia más reales y profundas, que incluyera cambios sociales tendientes a superar la inequidad característica de la sociedad colombiana. Igualmente, proponía la elaboración de una nueva carta constitucional; propuesta que se hizo realidad en 1991 a través de la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente que redactó la nueva constitución.
La originalidad del proyecto de la UP consistía en que ensayaba el camino de la reconciliación en un proceso de paz que apenas comenzaba a gestarse. Sin embargo, meses después de la presentación pública del nuevo movimiento, diversos actos de violación de los acuerdos condujeron al fracaso de la negociación. La guerrilla se replegó a sus zonas de influencia y en el espacio público quedó la Unión Patriótica. Pese al compromiso estatal de garantizar su acción política, desde mediados de 1985 comenzaron a presentarse los primeros homicidios en su contra.
Desde ese entonces, se manifestó una intención criminal que ha buscado aniquilar la UP por medio de una acción claramente articulada y sostenida en el tiempo. Esta acción sistemática ha consistido en la combinación de actos de criminalidad, represión y hostigamiento tendientes a provocar la eliminación total o parcial del grupo opositor. Miles de sus miembros y simpatizantes han sido asesinados en masacres. El 11 de noviembre de 1988, por ejemplo, cuarenta militantes de la UP fueron asesinados públicamente en la plaza central del municipio de Segovia, Antioquia. Tales homicidios colectivos han ocurrido de manera simultánea, o se han prolongado en el tiempo a través de crímenes individuales dirigidos a destruir núcleos determinados. Así ha sucedido con la persecución de familias enteras, como en el caso de los Cañón-Trujillo, quienes a causa de su militancia política han sufrido, desde 1986, el asesinato de cuatro de sus parientes. También se ha recurrido al método de la “desaparición” forzada para eliminar sin dejar rastro a cientos de integrantes del movimiento.
Contra los representantes a las corporaciones públicas y los líderes del grupo se ha empleado el método del asesinato selectivo. De esta forma, dos candidatos presidenciales, Jaime Pardo-Leal y Bernardo Jaramillo-Ossa, fueron asesinados en 1987 y 1990 respectivamente. En 1994, la UP perdió al último de los miembros de su bancada parlamentaria, al ser asesinado el senador Manuel Cepeda-Vargas. Con anterioridad ocho congresistas habían sido víctimas de mortales atentados ocurridos, mayoritariamente, en sus sitios de vivienda. Cientos de alcaldes y representantes a los poderes locales han sido eliminados. En ocasiones se ha presentado el asesinato sucesivo de hasta cuatro alcaldes del movimiento en una misma localidad. Las sedes de la UP han sufrido los estragos devastadores de más de 30 atentados dinamiteros, y también se ha recurrido al silenciamiento de los testigos, sobrevivientes o de los familiares de las víctimas que han exigido justicia.
El resultado de esta multiforme estrategia de persecución ha sido la muerte violenta de más de 5.000 personas y el desplazamiento o exilio forzados de una cifra indeterminada de la base social de la colectividad política. Dichas cifras tienen carácter provisional, pues hasta hoy se llevan a cabo actos de ejecución, persecución y amenaza. La gran mayoría de los casos se encuentran en la impunidad total. En un informe especial sobre esta situación, la Oficina del Ombudsman señaló que de los numerosos actos de violencia cometidos contra la UP entre 1985 y 1992, tan sólo en cuatro casos la justicia colombiana había producido sentencias condenatorias.
Por su parte el Estado colombiano se ha rehusado a reconocer su responsabilidad en esta eliminación sistemática. Ha eludido cualquier medida tendiente a asumir que los autores de dichos actos son miembros de la Fuerza Pública, quienes frecuentemente actúan en compañía de paramilitares. Más bien, ha recurrido a múltiples formas de legitimación de la impunidad, alegando que lo acontecido con la UP sería el resultado de “hechos individuales e inconexos” ejecutados por narcotraficantes en vendettas locales o por delincuentes comunes. El esfuerzo oficial de legitimación de la intencionalidad criminal contra el grupo político ha dado lugar a actos de incitación y justificación pública de la violencia ejercida en su contra. Algunos funcionarios estatales han sostenido que, en última instancia, lo ocurrido sería la “suerte previsible” para un movimiento político fruto de acuerdos con la guerrilla. De igual forma, han buscado minimizar las proporciones de las masacres cometidas diciendo que se trata de uno de tantos hechos ocurridos en el contexto de la violencia generalizada en Colombia, cuya explicación sería la natural reacción a las atrocidades que comete la guerrilla. El actual presidente de la República, Álvaro Uribe-Vélez, afirmó, durante la campaña electoral para su elección, que el “error” cometido con la UP es comprensible, pues no es posible querer “combinar la política con los fusiles”. El silencio ante la legitimación pública de esta ola de criminalidad por parte de influyentes sectores de la sociedad colombiana –como la alta jerarquía de la Iglesia Católica- ha contribuido a que se afiance un ambiente de permisividad generalizada ante la cadena ininterrumpida de actos de violencia.
La campaña de exterminio se ha querido sellar con una medida administrativa en la que se retiró el estatuto legal para el funcionamiento del grupo de oposición. La instancia encargada en Colombia de tales decisiones, el Consejo Nacional Electoral, justificó la medida afirmando que la UP “no reunía el número de sufragios electorales necesarios” para la renovación de su personería jurídica. Esta medida, además de constituir un impedimento legal para la acción pública de los sobrevivientes del movimiento, tiene un alto significado simbólico: después de la destrucción física del grupo político por parte del poder estatal se legaliza su “defunción” con una decisión oficial.
Los móviles reales de la aniquilación de la oposición política en Colombia provienen de una larga tradición de exclusión del espacio público, y de una arraigada ideología de sectarismo político que se ha practicado históricamente. En el transcurso del último medio siglo, la violencia política ha costado la vida a opositores de diversas vertientes y orígenes. Ya en las décadas de 1940 y 1950, miles de partidarios y simpatizantes del movimiento de Jorge Eliécer Gaitán –líder del liberalismo popular- cayeron víctimas de atentados o masacres ejecutadas por bandas paramilitares promovidas por los gobiernos conservadores. Los opositores a la hegemonía de los partidos liberal y conservador, o quienes han sido disidentes en sus filas, han enfrentado tradicionalmente persecuciones sistemáticas. Estos crímenes se han presentado no solo en el contexto del conflicto armado, sino en el marco de procesos de negociación o de aplicación de acuerdos de paz. A lo largo de este tipo de procesos en Colombia ha sido una constante que los voceros de los grupos armados opositores hayan sido asesinados, bien sea durante los períodos de negociación o en el momento de su reintegro a la vida legal.