Columnistas: Iván Cepeda

Actualmente, en desarrollo del proceso ante la CIDH, y al conmemorarse veinte años del surgimiento de la UP y dos décadas de ataques incesantes en su contra, se discuten los términos de una solución amistosa entre el Gobierno colombiano y las víctimas. Este proceso debe conducir a un eventual acuerdo que honre los derechos a la verdad y la justicia, o por el contrario, a la continuación del litigio en la instancia internacional, que concluiría muy probablemente con una condena del Estado colombiano.
El 9 de febrero de 2004, el Gobierno Nacional anunció, a través de una declaración del vicepresidente de la República, Francisco Santos, su disposición para avanzar en la búsqueda de una solución amistosa en el caso 11.227 que se adelanta ante la CIDH. En dicha declaración pública, el Gobierno aseveró que los crímenes masivos cometidos contra la UP constituyen una “página vergonzosa en la historia de nuestro país”. No obstante, luego de este reconocimiento público el Gobierno sigue justificando lo acontecido. Horas después del anuncio oficial de comienzo de búsqueda de solución amistosa, el propio Vicepresidente volvía a eludir la responsabilidad estatal en este caso. Ante los medios de comunicación, el funcionario afirmó que los crímenes contra esta formación política de oposición serían obra del narcotráfico que, en un contexto de polarización, habría hecho un “cobro de cuentas” a las guerrillas utilizando a los activistas del movimiento como chivos expiatorios.
Los motivos de desconfianza sobre la sinceridad de los propósitos gubernamentales provienen del hecho de que las atrocidades contra la UP se siguen adelantando sin obstáculos. En la política de “Seguridad Democrática” del actual Gobierno existen elementos que siguen incentivando el exterminio y la persecución judicial de los sobrevivientes del movimiento. Bajo el argumento de la acción antiterrorista, muchos de sus activistas han sido arrestados en redadas masivas y mostrados ante las cámaras de televisión como miembros de las organizaciones armadas subversivas. Adicionalmente, durante el presente gobierno ya van más de 150 casos de activistas de la UP víctimas de homicidios o desapariciones en diversas regiones del país. También se han constatado desplazamientos masivos en zonas donde ejerce aún su influencia la oposición política.
Frente a estas nuevas denuncias no se advierte ninguna acción sustancial del Estado por detener y enjuiciar a quienes organizan las acciones criminales. Por el contrario, se asiste a nuevas formas de vejación contra las víctimas, como ocurrió con Alirio Silva –líder regional de la UP asesinado el 1 de marzo de 2004 en la región de Putumayo- cuyo cuerpo sin vida fue sometido a una cadena de “procedimientos administrativos” que incluyeron el impedimento de su traslado a Bogotá hasta que no se le practicara una autopsia con el fin de verificar si no se trataba de un “cadáver bomba” preparado por la guerrilla para un atentado. Luego de desarticular las estructuras organizativas fundamentales del movimiento, se entra ahora en la fase de acabar con los sobrevivientes.
De otra parte, el gobierno del presidente Uribe ha emprendido un proceso con los grupos paramilitares con el que busca “reintegrarlos a la sociedad”. No obstante, lo que se ha puesto en evidencia es que más que una desmovilización, este proceso ha permitido la infiltración paramilitar en el Estado y la sociedad. Parte de la política de reinserción es la aprobación de medidas legislativas que garantizan la impunidad y el perdón incondicional de los paramilitares. La adopción de tales beneficios jurídicos implica que varios de los principales autores del genocidio contra la UP queden automáticamente exonerados de toda responsabilidad, y que el proceso de esclarecimiento y reparación de las víctimas se vea seriamente afectado.
El conjunto de actos de terror y violencia perpetrados contra la UP ha constituido un rudo golpe para la perspectiva de democratizar la sociedad colombiana. Así mismo, esta persecución sistemática ha fortalecido el miedo a ejercer libremente la oposición, ha sembrado un ambiente de escepticismo sobre la viabilidad de practicar la acción política de manera civilista, y con ello ha revitalizado permanentemente la convicción de quienes solo creen en una salida violenta para los problemas del país.
La solución negociada del conflicto armado que padece Colombia desde hace medio siglo pasa, en consecuencia, por un proceso de verdad, justicia y reparación de lo acontecido con un movimiento político que exploró el camino de la reconciliación. Para ello se requerirá que cesen las violaciones sistemáticas contra quienes han sobrevivido a este genocidio. Pero además se hará necesario que el Estado colombiano renuncie a la estrategia de presentar medidas minimalistas como auténticos procesos de resarcimiento de las víctimas. Pues solo con un proceso genuino de reparación que restablezca el proyecto político que fue violentamente coartado podrá lograrse la confianza necesaria para transitar por el camino de la paz en Colombia.