Columnistas: Iván Cepeda

Sábado, 17 de febrero de2007

Ya van más de 15

El asesinato de Yolanda Izquierdo,líder de la población desplazada en el departamento de Córdoba, es la trágicademostración del inmenso poder que detentan actualmente los paramilitares, y dela incongruencia entre los anuncios efectistas sobre la reparación y laverdadera protección de millones de sobrevivientes de la violencia.

Iván Cepeda Castro

Lamentablemente, este noes el primer caso que se ha presentado desde la vigencia de la Ley de Justiciay Paz, como afirmó erróneamente el presidente de la CNRR, Eduardo Pizarro.

Desde julio de 2005, esdecir, desde que fue adoptada la norma, han sido asesinados o desaparecidos 15miembros de organizaciones y comunidades pertenecientes al Movimiento deVíctimas de Crímenes de Estado. Entre ellos figuran dos líderes de comunidadesafrodescendientes e indígenas. Orlando Valencia, dirigente del consejocomunitario de Curvaradó, fue desaparecido por los paramilitares el 15 deoctubre de 2005, momentos después de haber sido arrestado temporalmente por lapolicía en el municipio de Belén de Bajirá. La comunidad de Curvaradó reclamadesde hace años miles de hectáreas de tierra que están hoy en manos de empresaspalmeras en las que tienen acciones jefes paramilitares como Vicente Castaño,el mismo que aparece hoy señalado como el autor intelectual del asesinato deYolanda Izquierdo.

Andrés Talco Carrillo,miembro de la comunidad indígena kankuama, fue asesinado el 5 de noviembre de2005 por grupos paramilitares en el corregimiento de La Mesa, Cesar, a cortadistancia de un batallón del Ejército. El pueblo kankuamo demanda su derechoancestral al territorio que ha sido usurpado por los paramilitares parainstalar allí lucrativos megaproyectos económicos. De igual forma, 16 miembrosdel comité del Movimiento en Sucre han sido amenazados, y uno de los líderescampesinos de San Onofre fue víctima de un atentado que lo dejó gravementeherido por exigir la devolución de su tierra. A excepción del Sistema deAlertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo, que ha señalado la situación enSucre, ninguna otra dependencia estatal, incluida la Comisión de Reparación, seha pronunciado sobre estos hechos.

 La explicación deesta cadena de acciones contra las víctimas organizadas no es, como aseguranlos voceros oficiales, un nuevo modelo de violencia de “bandas emergentes”dedicadas a la defensa de las propiedades de los narcotraficantes, y con finesnetamente delincuenciales. Estamos ante el viejo paramilitarismo y sus aliadosque se reacomodan en nuevos bloques de poder para mantener el control de losterritorios, ganar influencia en las próximas elecciones locales y evitar quelos procesos organizativos de las comunidades consigan avanzar en la búsquedade una reparación que debilite su inmensa base económica.

A estas fuerzas, que nose han desmovilizado ni desactivado en el seno de nuestra sociedad, y que porel contrario buscan hoy afianzar su poder, se han enfrentado los líderesmencionados. Ellos y sus comunidades han vivido procesos de violencia múltiple,pues han sido artífices de una larga lucha por sus derechos, y por ese motivono conciben la reparación como actos benevolentes hacia una poblacióndesvalida.

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Gracias a la valerosaacción de la Corte Suprema de Justicia han comenzado a ser capturados varios delos parlamentarios que no dudaron en apelar al respaldo criminal de losparamilitares para obtener sus curules. No obstante, es necesario revisarquiénes los reemplazan. En Sucre, el congresista suplente de Eric Morris, JoséConde Romero, fue acusado de planificar con los paramilitares el asesinato deVíctor William Ramírez, miembro del Polo Democrático.

fm_cepeda@yahoo.fr