sábado, 29 de septiembre de 2007
Esa historia muestra el carácter original de la interpretación que hizo el M-19 del país y su concepción creativa del lenguaje simbólico como acción política, que le permitieron alcanzar una gran influencia popular, y liderar la Asamblea Constituyente de 1991. Pero, al mismo tiempo esa historia contiene la crítica de las tentaciones militaristas y mesiánicas que llevaron al grupo guerrillero a cometer crímenes de guerra en el Palacio de Justicia. El planteamiento político que hoy defiende Petro suscita controversia.
De ese enfoque comparto su rechazo a los crímenes cometidos por los grupos guerrilleros, y en primer lugar, al secuestro; su visión de distinguir entre la responsabilidad de los altos mandos militares y la base de la Fuerza Pública; su noción de democracia radical. En cambio discrepo de su tendencia a debilitar el concepto de la esencia política del conflicto armado y de la preponderancia de la responsabilidad estatal en el fenómeno paramilitar, así como de su escaso reconocimiento a la contribución que otras corrientes de izquierda han hecho a la lucha democrática en Colombia.
Esta semana también el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, calumnió al presidente del Polo Democrático Alternativo. El ex magistrado de la Corte Constitucional Carlos Gaviria ha sido uno de los principales protagonistas de la revolución más significativa que se ha gestado en el campo de los derechos humanos en Colombia.
Esa transformación civilizadora, encarnada en la Constitución de 1991, ha generado una paulatina toma de conciencia: los derechos son inmanentes a la condición de la persona, y no son concesiones sujetas a la voluntad del poder político y judicial. El despertar de ese cambio de mentalidad se ha evidenciado en la actuación de los propios funcionarios judiciales.
El profesor Rodrigo Uprimny recordaba en uno de sus artículos la encuesta realizada en 1989 entre jueces penales de Bogotá en la que se quería saber si ellos conocían los tratados de derechos humanos. El estudio estableció que sólo el 10% de los jueces conocía al menos un tratado, menos del 3% conocían dos tratados y ninguno de esos funcionarios había aplicado esas normas en un caso específico.
La Carta Política de 1991 ordenó a todos los agentes del Estado velar por el respeto y por el ejercicio de los derechos humanos, e incluso convirtió su defensa y difusión en un deber ciudadano (artículo 95). En su condición de académico, de presidente de la Corte Constitucional, de senador de la República y como presidente del Polo Democrático Alternativo, Carlos Gaviria ha promovido como ningún otro intelectual o servidor público del país, esa revolución de los derechos.
El Polo Democrático Alternativo es un partido en el que converge, por primera vez en la historia del país, el más amplio espectro de las vertientes de la izquierda. Es muy saludable que sus dirigentes puedan debatir con madurez sus diferencias sin que eso signifique la división. La controversia pública muestra la vocación democrática del Polo, y lo está fortaleciendo.